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3 de octubre de 2019

La cuotas de género en las listas electorales

En 2017 se cumplieron 10 años de la introducción de cuotas de género en las listas electorales. La cuota obliga a la existencia de al menos un 40% de candidatos de cada sexo en la lista y se requiere su cumplimiento en cada tramo de cinco candidatos.
Esta política lo que pretende es facilitar el acceso a los puestos de liderazgo político a los miembros de un grupo como son las mujeres que, a pesar de ser algo más de la mitad de la población, están poco representadas en las instituciones. Y que al no estar representados no se tienen en cuenta sus preferencias.
Existen muchas maneras de clasificar las políticas públicas pero la que utilizamos en este caso es la de Lowi, que las clasifica mediante el grado de coerción pública.
Esta coerción se puede ejercer de forma directa (ej: las multas) e indirecta (ej: mediante una campaña de DGT en los medios de comunicación); y sobre los afectados o sobre el entorno.
A partir de estos cuatro criterios de clasificación nos aparecen 4 tipos de políticas. Políticas distributivas, políticas constitutivas, políticas reglamentarias y políticas redistributivas.
Por lo que en este caso, con estos criterios anteriormente explicados, consideraríamos las cuotas de género un tipo de política pública de coerción pública directa y sobre los afectados es decir una política reglamentaria que se aplican directamente sobre la población pero a la vez, hace recaer el peso de la coerción pública sobre los individuos que no respetan las reglas.

Fuente: https://nadaesgratis.es/bagues/10-anos-de-cuotas-de-genero-en-las-listas-electorales


Amalia Olivares de Marcos
(alumna del grado en Ciencias Políticas)

1 de octubre de 2019

Políticas públicas para combatir el acoso escolar

El acoso escolar es un mal cada vez más presente y por tanto visible en la sociedad española. Las existentes pero insuficientes ayudas para combatir este problema que azota a la juventud española hace necesaria una nueva actuación del gobierno y la creación de políticas públicas que consigan sanar de alguna forma esta problemática.
Organizaciones de padres, así como movimientos más oídos, como Amnistía Internacional, reclaman actuaciones gubernamentales más eficientes que consigan calar en la situación y se hagan visibles ante esta cuestión. Una implementación rápida es la clave y la mejor solución para un asunto que concierne al día a día de pequeños y adolescentes. Un nuevo sistema de denuncias, programas de concienciación tanto juvenil como para el profesorado, así como mecanismos al alcance de todos para una actuación más rápida, son varias de las propuestas que deben ser valoradas y estudiadas lo antes posible por nuestros políticos.
Por lo tanto, estas nuevas políticas publicas exigidas por estos movimientos constituirían políticas reglamentarias, que pudieran lograr unas conductas más pacificas en nuestros colegios, ejerciendo por tanto una coerción pública directa para todos aquellos afectados y a su entorno tanto educativo como familiar, para poder corregir finalmente este comportamiento a través de la vía política y de manera efectiva.

Artículo: Ruano Francisco, 2019. España: acoso escolar, un problema invisible que precisa un sistema de denuncias útil de verdad. Amnistía Internacional.
Gema García Gutiérrez
(alumna del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)

30 de septiembre de 2019

Ley seca: una política con efectos inesperados

En los Estados Unidos, a partir de enero de 1920, mediante la Ley seca fue prohibida la fabricación, comercialización y consumo de bebidas alcohólicas. Las razones que llevaron a poner en la agenda este problema son muchas: el abuso de bebidas alcolohólicas fue la base de peleas y violencia, problemas de salud y corrupción. Lejos de cumplir los objetivos que pretendía, la ley seca incentivó el consumo de alcohol y se convirtió en un auténtico problema de salud pública. La película americana “The untouchables”, del año 1987 dirigida por Brian De Palma, nos muestra como medidas prohibicionistas fomentaron una industria del crimen organizado y en la práctica fue imposible controlar el contrabado. Los homicidios aumentaron en un 49% y los robos en un 83% respecto de la década anterior. La ley seca fue derogada en 1933 por la XXI Enmienda a la Constitución. Esta política pública muestra que “el ciclo de políticas públicas” no refleja del todo la realidad, porque frequentemente, el resultado no tiene nada que ver con las predicciones. Además, es interesante observar que se trata de una política reglamentaria, que establece el peso de la coerción pública sobre los individuos que no respetan las reglas y tiene una coerción pública directa. Pero, al mismo tiempo, tiene también elementos constitutivos porque incluye coerción pública indirecta sobre el entorno de los afectados, es decir establece reglas que limitan el comportamiento  de los individuos que viven en esa comunidad. A continuación, se facilita el tráiler oficial de “The untouchables”.
Beatrice Pio
(alumna del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)

Clasificación de la política de Barcelona de Zona de Bajas Emisiones

En Barcelona se ha tomado la medida de hacer permanentes los efectos de escenarios de alta contaminación, a través de la implantación de la Zona de Bajas Emisiones con multas a los vehículos sin distintivo medioambiental de la DGT que entren en dicha zona, tal y como se indica en la noticia de eldiario.es
Desde la teoría de la clasificación de las políticas públicas, basada en la teoría de Lowi, hay dos variables principales en función del grado de coerción: coerción directa o indirecta, y coerción sobre el sujeto o sobre su entorno. En función de la primera se podría decir que en principio la coerción es directa debido a la intención que se muestra en la política pública de multar para evitar el acceso a esa zona. Por otro lado, se puede considerar que la coerción es sobre el sujeto porque la norma está dirigida a los conductores que no dispongan del distintivo medioambiental oficial, y no se trata de realizar cambios en el entorno como podría ser la inversión en transporte público. Por eso al entender que estas dos variables funcionan así en esta política pública, se determina que es una política reglamentaria en función de Lowi.
David Martínez López
(alumno del grado en Ciencias Políticas)

El último monopolio

Los monopolios son uno de los ejemplos más claros que nos podemos encontrar en cuanto a la necesidad de la política pública. La simple negociación de la empresa que ostenta el monopolio con las otras partes no llega nunca a buen puerto, es por ello que se necesita de la regulación mediante una ley. Solo con el poder coercitivo que ostenta el Estado es capaz de regular estos monopolios. Esta es la situación de España y los estibadores. Esta regulación viene impulsada por la previa condena del Tribunal de la UE por una legislación portuaria contraria al artículo 49 del Tratado de la Unión – observamos pues que el Tribunal es un organismo con suficiente poder coercitivo como para obligar al Estado español a acatar la resolución –. Posteriormente se realizó un pacto entre el Gobierno y la CE (en concreto de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia), un organismo internacional del que el Gobierno Español es supeditado. Con el nuevo real decreto ley se pretende la liberación progresiva del sector para evitar este carácter monopolístico.

Link a la noticia: https://elpais.com/economia/2018/07/04/actualidad/1530696282_738617.html

Adrián Martín Lorenzo
(alumno del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)

28 de septiembre de 2019

La coerción como uno de los elementos que definen las políticas públicas

Numerosos autores y autoras que han abordado la definición de la política y de las políticas públicas han señalado como uno de sus elementos definitorios la capacidad coercitiva que quien las plantea (los diferentes poderes políticos) puede ejercer sobre aquellos a quienes va dirigida. Esto es lo que garantiza, en última instancia, su carácter vinculante; es decir, que la política será aplicada y cumplida por el conjunto de la población o del colectivo destinatario. 
La noticia que va adjunta informa de que la cuantía de las multas que el Ayuntamiento de Leganés puede imponer a los ciudadanos que no recojan las heces de sus perros podría llegar hasta los 3.000 euros. Como se puede ver, el elemento coercitivo está presente también en las políticas públicas que regulan los aspectos más cotidianos de la vida en sociedad, como el mantenimiento en condiciones higiénicas de los espacios públicos de nuestras ciudades y pueblos. 
La política pública en cuestión se recoge en la nueva Ordenanza Reguladora de Tenencia y Protección de Animales de Compañía, y se desarrolla de acuerdo a la Ley 4/2016 de Protección de Animales de Compañía de la Comunidad de Madrid.

Anon., 2019. Hasta 3.000 euros de multa en Leganés por no recoger los excrementos de los perros. [En línea] Disponible en: http://www.telemadrid.es/noticias/madrid/3000-euros-Leganes-recoger-excrementos-perros-0-2091390848--20190202120656.html [Último acceso: 26 09 2019].


Juan González González
(alumno del doble grado en Ciencias Políticas-Sociología)