La evaluación de políticas y programas políticos se presenta como esencial a la hora no solo de establecer y poner en marcha la política pública en cuestión, sino también para medir el impacto y la eficacia y eficiencia que dicha política ha tenido sobre el grupo o grupos a los que estaba destinada.
El reciente golpe de estado en el Estado Plurinacional de Bolivia, dirigido por la burguesía más reaccionaria del país y con el apoyo indirecto de la comunidad internacional en base a diversos intereses económicos[1], parece haber sido el punto final al conjunto de políticas públicas de mayor calidad en el país desde la llegada de Evo Morales al poder en 2006.
Y es que la evaluación ex post tanto interna (desde el Gobierno) como externa (organismos internacionales tales como el World Bank, la Cepal, el FMI o la CIA, no precisamente afines a este Gobierno) de los programas de políticas que se han llevado a cabo a lo largo de estos años no ofrece dudas: disminución de la tasa de analfabetismo de un 13% a un 2,4%; reducción de la tasa de desempleo de un 9,2% a un 4,1%; así como reducción de la tasa de pobreza extrema (de un 38% a un 15,2%) y de la pobreza moderada (de un 60,6% a un 2,4%); el aumento del SMI de 60$ a 310$ y la disminución de la tasa de mortalidad infantil de un 40,6 ‰ a un 21,8 ‰[2]. Una serie de políticas públicas de carácter social, que pueden ser evaluadas ex post, como ya se ha indicado anteriormente, tanto interna como externamente con resultados muy positivos[3]. Si bien es cierto que se le pueden achacar muchas cosas al Gobierno de Evo Morales, este análisis de las políticas y los programas públicos llevados a cabo durante su mandato nos muestran una evaluación y evolución en los aspectos económico-sociales más que favorable.
Mario Martín Martín
(alumno del grado en Filosofía, Política y Economía)
