Los
monopolios son uno de los ejemplos más claros que nos podemos encontrar en
cuanto a la necesidad de la política pública. La simple negociación de la
empresa que ostenta el monopolio con las otras partes no llega nunca a buen
puerto, es por ello que se necesita de la regulación mediante una ley. Solo con
el poder coercitivo que ostenta el Estado es capaz de regular estos monopolios.
Esta es la situación de España y los estibadores. Esta regulación viene
impulsada por la previa condena del Tribunal de la UE por una legislación
portuaria contraria al artículo 49 del Tratado de la Unión – observamos pues
que el Tribunal es un organismo con suficiente poder coercitivo como para
obligar al Estado español a acatar la resolución –. Posteriormente se realizó
un pacto entre el Gobierno y la CE (en concreto de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia), un organismo internacional del que el Gobierno
Español es supeditado. Con el nuevo real decreto ley se pretende la liberación
progresiva del sector para evitar este carácter monopolístico.
Adrián Martín Lorenzo
(alumno del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)