Y es que, si bien puede contar con una buena planificación, adecuación de los medios y gran respaldo de los responsables políticos, los últimos responsables de la implementación son los funcionarios de cara al público, esto es, los profesores. Así pues, una ley que suscita incluso antes de su entrada en vigor manifestaciones, quejas, huelgas, etc. de los profesores, los alumnos y padres de estos, está destinada a ser boicoteada y debilitada en la adaptación de la política pública en el último nivel administrativo.
De tal modo, podemos resolver atendiendo a Harguindéguy (2015; 94-95), que los errores y el fracaso al que está destinada la última ley de educación en España redundan en la no inclusión de la sociedad civil, los profesores y la ciudadanía en general en el diseño de la política pública, pues de estos depende finalmente el triunfo de la intervención pública.
FUENTES:
- HARGUINDÉGUY, Jean-Baptiste (2015). Análisis de políticas públicas, Madrid: Tecnos.
- IBÁÑEZ, María Jesús (16 de marzo de 2018). “La comunidad educativa anuncia nuevas protestas contra la LOMCE”. El Periódico. Disponible online en: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180316/comunidad-educativa-anucia-protestas-contra-lomce-6695949 (última consulta: 15 de noviembre de 2019).
- LIPSKY, Michael (1980). Street-Level Bureaucracy. Dilemmas of the Individual in Public Services. Nueva York: Rusell-Sage.
Gabriel Espinosa Galán
(alumno del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)