El objetivo con esta nueva ley era acabar con los casos cada
vez más conocidos, que no nuevos, sobre la violencia que sufrían las mujeres
por parte de los hombres. Los recursos que requería esta nueva
implementación eran de antes prometidos por los partidos políticos en las
campañas electorales del 2000, incluso se empezaron a realizar reuniones
entre el presidente del gobierno y asociaciones de mujeres para llegar a una
resolución lo antes posible y poder implementar una Ley integral.
En
el congreso, se acordó promover un Pacto de Estado para dar las partidas
presupuestarias necesarias a las administraciones, los agentes económicos y las
fuerzas parlamentarias correspondientes para que se frenara y se superara esta
violencia contra la mujer, controlando así los efectos sociales,
económicos y políticos que esta situación estaba desencadenando.
Los
movimientos feministas y un mayor conocimiento de estos casos fueron el contexto
necesario para que se propiciara esta nueva implementación política. La
distribución de los presupuestos a los distintos agentes públicos favorecería a
que esta nueva política pública llegara de manera más optima, rápida y
sencilla a todas las mujeres que lo necesitaran.
Gema García Gutiérrez
(alumna del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)
(alumna del doble grado Ciencias Políticas-Sociología)