En la localidad de Formentera, las personas con discapacidad y en situación de dependencia están sufriendo una situación de vulnerabilidad de derechos: desde hace más de un año, el Servicio de Valoración de Dependencia, regulado por la Ley de Autonomía 39/2006, se encuentra suspendido, debido a una situación de paralización del equipo de valoración. Más de 125 familias se han visto afectadas, puesto que al no realizarse un ejercicio de valoración sobre las familias solicitantes del programa, en última instancia, no se pueden prestar las ayudas y servicios correspondientes. Este caso nos ejemplifica claramente el papel del evaluador político, como parte fundamental del proceso del –entramado-: al no evaluar y considerar que el programa esté ejecutándose como debiese (en este caso, controlando y garantizando la presencia y atención de evaluadores especializados en dependencia), se produce una vulneración de los derechos fundamentales de estas personas, junto a una situación de ineficiencia por parte de la AP.
https://www.ondafuerteventura.es/aderis-anuncia-medidas-judiciales-ante-la-falta-de-evaluadores-de-dependencia/
Víctor García Cano
(alumno del grado en Ciencias Políticas)
