“Roberto Rivas es un bombero de A Coruña que fue condenado en 2014 a pagar una multa de 600 euros tras negarse a participar en el desahucio de una anciana de 85 años”. Vemos en este caso, un ejemplo claro del dilema al que se enfrentan los burócratas de campo – como pueden ser los bomberos y que son proveedores directos de servicios públicos – cuando tienen que elegir entre cubrir las necesidades de los usuarios y la correcta implantación de las políticas públicas. En este caso, el bombero decidió no cumplir con la implementación de la política pública (un desahucio) en pos a cubrir las necesidades de una usuaria (que la anciana no se quedase en la calle).
https://www.elmundo.es/espana/2014/11/27/5477090d22601de1348b457c.html
Adrián Martín Lorenzo
(alumno del grado en Ciencias Políticas)
